El Defensor del Pueblo pide a las administraciones el equilibrio de los derechos de propietarios de alquiler vacacional - Foro Vacacional

Según Francisco Fernández Marugán, el Defensor del Pueblo, la regulación del régimen aplicable a los alquileres de viviendas destinadas a los alojamientos turísticos ha seguido siendo motivo de quejas durante el año 2017.

Los propietarios han reclamado que “consideran haber visto recortada la libertad derivada de la ausencia de toda norma y vulnerado su derecho a la propiedad” por la regulación aplicada en varias comunidades autónomas

De acuerdo con el informe anual de gestión, en los últimos años se ha producido una expansión de los alquileres turísticos de temporada, los cuáles han experimentado un notorio aumento debido a la falta de un marco legal regulatorio y también por la facilidad que hay de ofertar esta modalidad de alojamientos a través de páginas web.

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 Marugán, ha señalado en su informe  que los alquileres turísticos se han convertido en  “un sector normativo propenso a los conflictos y a las quejas”.

Las diferentes quejas que se han recibido en este ámbito es variada, va desde los requisitos exigidos para el ejercicio de esta actividad hasta los cambios realizados en las reformas más recientes, pasando por la habilitación a las comunidades de propietarios para prohibir esta actividad.

El ámbito regulatorio de la actividad queda en manos de las comunidades autónomas que hayan asumido en sus estatutos competencia en materia de turismo.

La institución ha recordado que en la regulación del uso turístico de viviendas influyen los intereses de los propietarios a obtener una rentabilidad económica por su propiedad, pero también derechos legales e intereses de protección, como son la ordenación medioambiental, urbanística o el derecho a la intimidad personal o familiar del resto de los residentes del inmueble.

Es por ello, que se ha considerado que el legislador es el que tiene que encontrar un “equilibrio aceptable” para respetar”el marco liberalizador de las actividades de servicios que impone la normativa europea y la necesidad de tutelar adecuadamente otros bienes e intereses dignos de protección por su indudable valor social, que también se ven afectados por esta actividad, como son “el medioambiente, el urbanismo, el derecho a la vivienda, la seguridad de las personas o la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”.

Techo de Plazas y Zonificación en Baleares

La reciente reforma de la normativa turística, aprobada por la Ley 6/2017 y complementada por el Decreto de Ley 3/2017, ya ha recibido las primeras quejas de los propietarios afectados de una reforma que tiene como finalidad hacer frente al encarecimiento de los precios de la vivienda para los residentes habituales, de la misma manera que la saturación turística en determinadas zonas y poner solución a los problemas de convivencia de vecinos de propiedades plurifamiliares. 

El Defensor del Pueblo ha apuntado que la reforma limita la libertad de los propietarios de viviendas en Baleares a publicitar los alquileres en páginas web propias de este tipo de establecimientos, añade que “Se trataba de una actividad alegal y la nueva regulación está provocando la disconformidad de los particulares”.
Además ha indicado que “La nueva ley abre la posibilidad de que la Administración controle esta actividad a través del establecimiento de un techo máximo de plazas turísticas o de la delimitación de zonas aptas para la comercialización turística, cuya implantación queda diferida a que se aprueben los correspondientes instrumentos de intervención y cuya idoneidad y proporcionalidad podrán ser evaluada por el Defensor del Pueblo”.

Comunidades de Propietarios

Otro motivo de queja ha sido la habilitación para prohibir esta actividad por parte de las comunidades de propietarios, una previsión que según el Defensor del Pueblo “no constituye vulneración del derecho de propiedad”, ya que, este derecho no es ilimitado, sino que está modulado o condicionado por las normas que se establezcan en la ley y las comunidades de propietarios.

En este caso, Fernández ha indicado que el alquiler turístico afecta a los derechos a la intimidad personal y familiar del resto de los residentes y también a su seguridad, todos ellos bienes y derechos dignos de protección,

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