La regulación del alquiler turístico en Baleares causará perdidas de 1.000 millones de euros

Hosteltur ha señalado que la regulación del alquiler turístico en las Islas Baleares va a causar pérdidas de 1.000 millones de euros.

Más de 20.000 ciudadanos dejarán de recibir 100 millones de euros en ingresos extra al año, al igual que los negocios locales alejados de las principales zonas turísticas, dejarán de ingresar 900 millones de euros al año.

 Representantes de nueve plataformas y asociaciones representativas del sector del alquiler vacacional se han posicionado frente a la modificación de la Ley 8/2012 de Turismo de las Islas Balares, relativa a la comercialización de estancias turísticas en viviendas, aprobada por el Govern balear el 18 de julio de 2017.  Se han manifestado con la lectura “por un turismo de todos, sostenible y responsable para Baleares”. El documento ha sido apoyado por representantes de adigital, Fevitur, Airbnb, HomeAway, Rentalia, Fotocasa, PIMECO, Spain-Holiday.com, Hundredrooms, PIMEM y ApturBaleares.

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Portavoces del sector como Josei Luis Zimmerman, director general de Adigital; Tolo Gomila, miembro de la junta de Fevitur; Joan Miralles, presidente Aptur Baleares; y Bernat Coll, presidente de Pimeco, han expuesto la hoja de ruta que van a seguir para no dejar efecto de la ley recién aprobada.

Las organizaciones han manifestado que se trata de una “ley confusa y desproporcionada contra las familias baleares” que se dedican al sector del alquiler vacacional y que tampoco van a poder formar parte de la construcción de un modelo turístico en el archipiélago balear, además va provocar efectos muy negativos para el conjunto de la economía balear.

Tolo Gomila, ha explicado que en primer lugar , una de las vías que van a tomar es presentar la modificación de la ley a la Comisión de la Competencia de Bruselas, traducida al inglés a través de la European Holiday Home Association (EHHA), ya que la ley toca los principios de la Comunidad Económica Europea , como son el libre mercado y la competencia.

En segundo lugar, han señalado que están esperando a que el Estado se manifieste ante el Tribunal Constitucional de España a través de la Abogacía del Estado, ya que antes y después de la aprobación de la modificación de la ley, el Ministerio de Administraciones Públicas envió dos informes y notificaciones al Govern Balear indicándole que estaba vulnerando una serie de leyes estatales en las que no tiene competencia, especialmente la Ley de Propiedad y División Horizontal y la Ley de Arrendamientos Urbanos “respecto a las comunidades de propietarios urbanos y respecto a decir que cualquier alquiler inferior a 30 días es turístico, con lo que hacen es invertir la prueba de carga, lo cual atenta contra la LAU, en la que no tiene competencias”.

En tercer lugar, han indicado que en el caso de que el Estado no se manifieste cursarán una demanda ante el Tribunal Constitucional, a pesar de que no solamente será costoso económicamente ya que los servicios jurídicos a contratar suponen unos honorarios elevados, sino que también por una cuestión de tiempo porque para poder presentar la demanda ante el tribunal es necesario el apoyo de 50 senadores o de 50 diputados del congreso.

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