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Desde la Asociación Aptur, se confía en que durante el trámite de aprobación se puedan tener en cuenta las reclamaciones de una gran parte del sector turístico de las Islas, especialmente en relación al techo de plazas
Juan Estarellas, Presidente de APTUR
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Aptur Baleares considera “un grave error” que el Govern Balear apueste por mantener el techo de plazas que existe en la actualidad en el borrador de la Ley de Turismo relativa a la comercialización de las viviendas turísticas que se ha dado a conocer este lunes. Según el presidente de la entidad, Juan Estarellas, con esta medida no se da respuesta “en absoluto” a la realidad del mercado turístico, al dejar fuera de la legalidad a cerca de un 50% de la actual oferta de alquiler vacacional, unas 22.000 viviendas según cálculos de la propia Asociación.
Desde Aptur Baleares se lamenta el retraso en la publicación de un anteproyecto para cuya elaboración se ha escuchado a todas las partes, pero que parece no haber tenido excesivo reflejo en el resultado final, a juzgar por un borrador que queda en cualquier caso supeditado al posterior desarrollo normativo de los Planes de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT) por parte de los consells insulars.
De hecho, mientras no se aprueben los PIAT se mantendrá para gran parte de los propietarios la misma situación de inseguridad jurídica que ha existido hasta el momento, como demuestra el hecho de que, según el borrador de Ley, cada Consell delimitará las zonas aptas para la comercialización de estancias turísticas, yendo más allá incluso de la zonificación y dando pie a que se puedan establecer de forma abierta “otras condiciones” para la comercialización.
No en vano, tal inseguridad se repetirá cíclicamente cada cinco años, cuando el propietario deba renovar su Declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística (DRIAT), y pueda encontrarse con modificaciones sustanciales que le hagan difícil cuando no imposible su cumplimiento.
Entre los aspectos positivos que también presenta el borrador de Ley, Aptur Baleares destaca el artículo 19, que obligará a informar por escrito a los inquilinos respecto a las normas básicas de convivencia, y a la adecuada utilización de los servicios y cosas comunes en el caso de viviendas plurifamiliares. Igualmente, la Asociación apoya la necesidad de incorporar el número de inscripción turística de la vivienda en cualquier publicidad que se lleve a cabo de ésta.
También se apoya desde Aptur Baleares la obligatoriedad de que ninguna vivienda pueda ser utilizada para fines vacacionales hasta haber cumplido los diez años, ya que se podrá de esta forma combatir la posible especulación inmobiliaria, aunque consideramos al mismo tiempo que tal prohibición debería ceñirse únicamente a las viviendas plurifamiliares. Sí aplaudimos la exigencia de la cédula de habitabilidad, la certificación energética, los contadores individuales de agua, el registro policía, la póliza de seguros, los servicios turísticos y el equipamiento adecuado.
No comparte en cambio la Asociación la prohibición del alquiler vacacional en viviendas situadas en suelo rústico protegido. De hecho, se pierde de esta forma una excelente oportunidad para que los propietarios de tales inmuebles mantengan en buen estado de conservación las fincas, al contrario de lo que en gran medida ha venido sucediendo hasta ahora, debido al escaso rendimiento económico que genera la actividad agrícola.
El borrador, en su redacción actual, choca además con la Ley de Propiedad Horizontal al exigir que sean la mayoría de propietarios quienes por Junta acepten “expresamente” la posibilidad de comercialización turística de las viviendas, siempre que no venga reflejada la prohibición en los Estatutos de la comunidad.
En todo caso, Aptur Baleares confía en que el recorrido que ahora inicia por fin la Ley permita realizar algunas modificaciones antes de su aprobación, de manera que el texto definitivo recoja, cuanto menos en mayor medida, unas reclamaciones que no son sólo las de los numerosos propietarios que han optado por este tipo de alquiler, sino también las de una gran parte del sector económico de Baleares, que como ya ha manifestado en numerosas ocasiones, ve en el alquiler vacacional una excelente oportunidad para redistribuir la riqueza que el turismo genera en las Islas, al tiempo que se genera una oferta sostenible y respetuosa con el entorno.