El PSIB-PSOE y MÉS per Mallorca han presentado en rueda de prensa 43 enmiendas parciales a la ley que prevé regular el alquiler turístico sin cambiar los aspectos principales de la reforma de la normativa.
Las enmiendas marcan un límite de 4 viviendas que un mismo propietario pueda comercializar, y se habilita un régimen para quienes alquilan una o dos viviendas de uso habitual que podrán destinarlas a alquiler turístico un máximo de 60 días al año.
Las enmiendas a su propia ley turística también prevé las denuncias ante la oferta ilegal de alquiler turístico y sostienen que los criterios de zonificación deben ser compatibles con las normativas europea y nacional.
Precisamente es en ese apartado, el de la zonificación donde la ley de libre competencia podría tumbar las leyes que se realizen en estos aspectos, como parece haber sucedido con la sentencia que revoca algunos artículos en la ley canaria ( Cfr. noticia )
Podemos quiere que se defina lo que consideran ‘zonas de emergencia habitacional’. Así lo ha afirmado Salvador Aguilera, quien no han explicado si las alquiladas por su portavoz, Alberto Jarabo , estarían sujetas a esta normativa.
La organización neocomunista, propone que ningún turista pueda alquilar una vivienda para pernoctar mientras “se vulnere el derecho a la vivienda y haya ciudadanos que no puedan pagar un alquiler a un precio competitivo”. Aguilera no ha determinado en qué consiste un precio competitivo, ni quién lo determinará .Según esta formación , los propietarios deberán ser titulares de la vivienda al menos diez años antes de poder alquilarla.
Podemos quiere someter la libre disposición de la vivienda para alquilar , a la aprobación de la comunidad de vecinos, para evitar, dicen, la especulación.
Aguilera ha anunciado anuncia propuestas para regular el alquiler turístico e introducir más cargas fiscales al mismo que se destinen a la vivienda social.
Jarabo, su líder en Baleares podría no haber comunicado a Hacienda los ingresos del realquiler de su casa de Son Serra de marina.
La ley se aprobará a finales de junio o en un plenario extraordinario de julio, con el objetivo de que se empiece a aplicar parte de ella este verano.