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El Govern quiere además garantizar que la ley se cumple, para evitar que se repita la situación actual, en la que el alquiler a turistas está prohibido en edificios plurifamiliares, pero se hace de forma masiva.Cuando la reforma entre en vigor cualquier web o agente comercializador podrán incorporar a su oferta solo las viviendas que estén inscritas de forma legal en el registro de Turismo. Si no cumplen, tanto el propietario como las webs se exponen a multas, que además serán más severas, tanto para la empresa comercializadora como para el dueño del inmueble: el Govern, afirma Magro ,  eleva las sanciones del actual mínimo de 4.001 euros a 20.000 euros, aunque el importe de la sanción puede ser de hasta 40.000 euros.

Se destaca la posibilidad de definir un nuevo techo de plazas turísticas en cada isla, que el Govern defiende para evitar nuevos veranos de  » enorme presión sobre el territorio, las carreteras, las infraestructuras, el medio ambiente y los recursos, que hace necesario un estudio preciso para cada isla, con el que se fije un techo máximo de plazas turísticas efectivo y real, tanto para los alojamientos turísticos [hoteles y similares], como para las estancias en viviendas residenciales [pisos y casas vacacionales]», destaca el Govern en la nueva ley, que deja en manos de los Consells la determinación del techo de plazas turísticas para cada isla.

Biel Barceló

Y mientras ese nuevo máximo de alojamientos para turistas ve la luz, seguirá en vigor el existente desde el año 1998. Aunque aquí también hay cambios de calado. El fundamental afecta al propio funcionamiento de la bolsa de plazas a la que hay que recurrir obligatoriamente cada vez que se pone una nueva cama de hotel. A ese sistema, que permite solo incorporar habitaciones cuando se compran en la bolsa y se cierran en otro lugar, se incorporará la oferta de alquiler en edificios plurifamiliares. Con lo que para arrendar un piso de ocho plazas hay que comprar esas ocho plazas en la bolsa de cada isla. Y pagarlas al precio que marque cada Consell Insular, que en el caso de las camas en edificios plurifamiliares expedirá autorizaciones válidas para cinco años, tras los que habrá que renovar la concesión.

Afirma Magro que El Govern quiere además frenar la especulación con el uso turístico de la vivienda, a la que atribuyen la burbuja inmobiliaria que empieza a observarse en las islas como consecuencia del alquiler a viajeros. Para atacarla y controlarla, establecen dos límites nuevos. Primero: no se podrán dedicar a uso turístico viviendas de protección oficial. Y segundo: solo se pueden arrendar pisos y casas con más de diez años de antigüedad, con el objetivo de evitar así inversiones inmobiliarias en zonas residenciales, pero pensadas solo para el alquiler turístico.

 Medidas para frenar el intrusismo del alquiler turístico en el negocio hotelero.

La más clara es la prohibición de alquiler pisos por habitaciones. En aparente contradicción con esto, luego el Govern reclama al arrendamiento turístico servicios de calidad más parecidos a los que prestan los hoteles: quien quiera alojar a viajeros en su vivienda deberá por ejemplo tener un servicio de atención telefónica durante las 24 horas del día, así como limpiar antes de cada nueva entrada y responsabilizarse de que el alojamiento tenga enseres básicos y ropa de cama. Solo se permitirá el arrendamiento turístico en edificios adaptados a la normativa de accesibilidad para personas con movilidad reducida. Y los comercializadores  deberán identificar a todos los inquilinos e informar a la policía para cumplir la normativa de seguridad ciudadana.

El anteproyecto queda abierto a alegaciones. Después pasará al Parlament como proyecto de Ley. Y es previsible que se apruebe, toda vez que en esencia se ciñe a las promesas en materia de alquiler turístico del acuerdo de Govern del PSOE y Més con Podemos.

La idea del Govern es que la nueva normativa entre en vigor antes del próximo verano.